Por Ricardo Reyes.
El Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M, se conmemora cada 8 de marzo para destacar la lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el fin de la violencia machista. En México, esta fecha ha evolucionado en una de las movilizaciones más masivas y emblemáticas del país, donde miles de mujeres toman las calles para exigir justicia ante los altos índices de feminicidios, desapariciones y desigualdad. Sin embargo, el debate persiste: ¿se trata de una marcha legítima por la justicia o de actos de vandalismo que desvirtúan la causa?.
México enfrenta una crisis de violencia de género alarmante. Según datos oficiales, en 2025 se registraron más de 900 feminicidios, y miles de mujeres desaparecen anualmente. Las marchas del 8M surgieron como respuesta a esta realidad, inspiradas en movimientos globales como #NiUnaMenos. Desde 2019, estas protestas han crecido en escala, pero también han sido criticadas por incidentes de daño a propiedad pública y privada. Defensores argumentan que el «vandalismo» es una forma de expresión ante la impunidad, mientras que críticos lo ven como criminalidad que opaca el mensaje principal.
En 2026, las movilizaciones se llevaron a cabo en múltiples ciudades, con una participación estimada en cientos de miles. En la Ciudad de México (CDMX), la jefa de Gobierno Clara Brugada reportó más de 120 mil mujeres marchando de manera pacífica, concluyendo con «saldo blanco» (sin incidentes mayores). La ruta principal partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo, con consignas como «No que no, sí que sí, ya volvimos a salir» y demandas por igualdad y fin a la violencia.
Para muchas participantes y observadores, el 8M es un acto de justicia pura. En CDMX, la marcha reunió a nueve contingentes feministas, incluyendo mujeres indígenas, trabajadoras y activistas por la diversidad. En Durango, más de 12 contingentes marcharon pacíficamente hasta la Plaza de Armas, sin detenciones ni daños mayores. En San Luis Potosí y Hermosillo, colectivos exigieron un alto a los feminicidios y mayor autonomía para las mujeres indígenas.
Las demandas incluyen reformas legales para combatir la impunidad (México tiene una tasa de resolución de feminicidios por debajo del 10%), acceso a la salud reproductiva y equidad laboral. «No llegamos todas», un lema recurrente, recuerda a las víctimas ausentes. En Tijuana, alrededor de 4 mil mujeres corearon «¡Ni una asesinada más!», enfocándose en la solidaridad. Expertas como las de la Coordinación 8M enfatizan que la marcha es un espacio de empoderamiento, donde el color morado simboliza la lucha colectiva contra el patriarcado.
Imágenes aéreas mostraron ríos de mujeres en Reforma y el Zócalo, destacando la magnitud pacífica del evento. En Oaxaca, pese a un incidente aislado, la mayoría protestó por derechos sin violencia.
Sin embargo, no todo fue pacífico. En varias ciudades, grupos como el «bloque negro» (encapuchadas) realizaron actos calificados como vandalismo. En CDMX, alrededor de las 3 pm, se reportaron intentos de derribar vallas en el Zócalo, enfrentamientos con policías y pintas en locales comerciales en Avenida Juárez. Aunque menores que en años previos (como 2021, con 62 policías heridas), estos episodios generaron críticas.
En Tijuana, manifestantes quebraron ventanas del Sistema de Transporte Inteligente, saquearon oficinas de la Fiscalía General del Estado y dañaron el monumento en la Glorieta Cuauhtémoc. En Monterrey, algunas realizaron pintas y daños durante la ruta hacia la Explanada de los Héroes. En Oaxaca, un grupo prendió fuego a la entrada de una sucursal bancaria. En Campeche, se reportaron agresiones contra policías, incluyendo intentos de incendio, vinculados a grupos políticos.
Críticos, como la Embajada de EU que emitió una alerta por posible «vandalismo o violencia», argumentan que estos actos desvirtúan la causa, afectan a terceros y provocan represión. Algunos ven infiltrados o provocadores, mientras que otros los justifican como respuesta a la inacción estatal.
El 8M 2026 en México fue mayoritariamente una demostración de fuerza pacífica por la justicia, con miles unidas en demandas válidas. Sin embargo, los incidentes de vandalismo en ciudades como Tijuana, Monterrey y Oaxaca reavivan el debate: ¿son estos actos una expresión de rabia justificada o crimen que perjudica el movimiento? Expertas feministas argumentan que el enfoque debe estar en las raíces de la violencia, no en los daños materiales, pero autoridades como Brugada insisten en que no representan la causa.
En última instancia, el 8M destaca la urgencia de cambios sistémicos. Mientras la sociedad mexicana siga dividida, las marchas continuarán como un recordatorio: la justicia para las mujeres no es opcional.
